La pena de muerte más severa era el ahorcamiento en secreto, en cuyo caso la familia no podía reclamar el cuerpo del fallecido, cuyo nombre, si era veneciano, se borraba de los registros municipales. Esta pena se aplicaba en el caso de crímenes considerados los más graves para la justicia de la República, como la conspiración contra el Estado, considerada más grave que el asesinato. Un criminal veneciano que traicionaba a su ciudad era considerado indigno de ser recordado como ciudadano de la República, lo que también implicaba un proceso particular.
La jurado estaba formado por el Consejo de los Diez, compuesto, como su nombre indica, por diez aristócratas de alto nivel elegidos por el Maggior Consiglio (el Senado veneciano). Este órgano fue creado tras las conspiraciones del siglo XIV y existió hasta la caída de la República en 1797. La función de los Diez era casi de inteligencia, ya que se encargaban de descubrir, detener e interceptar cualquier conspiración que pudiera amenazar la seguridad y estabilidad del Estado. Contaban con un eficiente grupo de espías, tenían un mandato de solo un año para evitar abusos y manejaban un fondo del que no debían rendir cuentas. El jefe del Consejo era el Doge, por lo que, si el proceso trataba sobre un complot, el Consejo presidía el tribunal con el Doge al frente del procedimiento.
